En defensa de la reelección: réplica a Ricardo Pompa

Hace poco, mi compañero de clases Ricardo Pompa publicó un “ensayo” en un portal “periodístico” (no puedo enfatizar lo suficiente el sarcasmo que hay en las comillas) manifestándose en contra de la reelección. Normalmente, ignoro este tipo de artículos (siguiendo el principio básico para el Internet: don't feed the troll), pero quise aprovechar la oportunidad para escribir mi opinión sobre la reelección.

No voy a enlazar a su artículo ni mucho menos a este portal. Lo reproduciré casi completo (excepto por los párrafos introductorios) en este espacio.

Antes de proceder a analizar su argumentación, me detendré brevemente a lamentar que personas inteligentes (como considero a Ricardo, aún) dejen de lado su capacidad de análisis, simplemente, por obtener un hueso. Lamentablemente, parece ser el común denominador entre aquellos itamitas (sea cual sea su partido) que optan por una carrera en la grilla política. Creo que entiendo por qué lo hacen, pero no deja de ser lamentable. Si yo fuera Jeff o Federico, me deprimiría un poco, la verdad.

Bueno, dejemos las lamentaciones aparte y veamos el “ensayo”. Iré intercalando mis comentarios.

Antes de iniciar, hago notar que mi método de argumentación, a diferencia del utilizado por Ricardo, no consiste en crear Straw men (hombres de paja) para luego tirarlos fácilmente. En fin, a lo que nos toca:

Dice Ricardo: Este análisis consta de dos etapas: la primera, una enumeración de los principales argumentos expresados para impulsar la reelección, acompañado cada uno de breves consideraciones a manera de réplica que engloban las reservas, deficiencias o falacias contenidas en cada uno de dichos argumentos.

En la segunda parte, se enlistan algunos factores clave que, convenientemente, están quedando de lado en los análisis de los impulsores de la reelección; así como una breve conclusión extraída del desarrollo de ambas secciones. En general el texto está enfocado en el caso particular de los diputados pero, sin mayor pérdida de generalidad, sería posible extender la mayoría de las conclusiones a los senadores.

Sería interesante que Ricardo nos aclarara cuáles de estas conclusiones cree que se pueden extender a los senadores.

Desde su promulgación en 1917, nuestra Carta Magna prohibe la reelección consecutiva de diputados, senadores y titulares del poder ejecutivo. Algunos dicen que es por simple tabú que esta prohibición persiste, puede ser.

Falso. En 1917 sólo se prohibió la reelección del Ejecutivo. La prohibición a legisladores vino después, en 1933, para amarrar el poder de cierto líder máximo.

Para tratar de suprimir esta prohibición, se destacan una serie de beneficios que traería consigo la reelección. A continuación se hace un recuento de los más significativos:

1.     Especialización y experiencia de los legisladores. La reelección permitiría que los diputados se volvieran “expertos” en ciertas materias, lo que desembocaría en mejores leyes. Al respecto, Fernando Escalante (CNN, 2 de febrero de 2005) comentaba lo siguiente:“Es absurdo pensar que los legisladores pudieran convertirse en especialistas y conocer todas las materias de las que se ocupan, para eso hay un cuerpo de asesores en cada grupo parlamentario de la Cámara y el Senado. No hace falta más. La idea de la democracia representativa es que se lleven al Congreso ideas, intereses y programas pensados con miras un poco más amplias”.

Voy a dejar de lado el uso de opinólogos como fuentes legítimas de investigación porque sería pedirle demasiado al ensayo. Me enfocaré, entonces, en los argumentos de Fernando.

El primer problema con el argumento de los asesores del grupo parlamentario es que ellos (financiados con nuestros impuestos, claro) le rinden cuentas al líder de partido, no a nosotros. Ahora bien, supongamos, muy ingenuamente, que sólo necesitaran un asesor por cada comisión en la que participan. La pregunta inmediata es, entonces, ¿para qué demonios queremos a los legisladores en las comisiones? Mejor dicho, ¿para qué pagar a los legisladores y a los asesores si los únicos que trabajarán serán los asesores? Si los legisladores harán lo que indica su líder de partido y éste seguirá (las más de las veces) el consejo de los asesores, ¿para qué tenemos 300 legisladores?

Ahora bien, esta especialización, que defendemos quienes vemos a la reelección legislativa como la reforma más importante que se puede lograr en estos momentos, no es la misma que la de los asesores. No es sólo una especialización técnica en torno al tema, sino (y esto es lo importante) una especialización política. Esta especialización va más allá de los temas relevantes y permite al político volverse un experto en el proceso legislativo, más allá de lo establecido en la normatividad. En otras palabras, la reelección permite que el legislador:

a)     Sea experto en algún tema en particular (política exterior, política económica, impuestos, participación ciudadana, atención a grupos vulnerables, etc.).

b)    Sea experto en el proceso legislativo. Una vez que hay el número suficiente de “expertos” (legisladores con experiencia), el proceso legislativo se vuelve más eficiente.

c)     Si hace bien su trabajo, incluso contra el jefe de su partido, se quede en su lugar.

Terminaré esta parte citando a Alonso Lujambio (Estudios, 1993). El énfasis es mío:

Legisladores profesionales y especializados mejorarían las leyes propuestas por el ejecutivo, se entrenarían en el arte de la negociación, de la cooperación y de la búsqueda de acuerdos; adquirirían todos una idea clara de la complejidad de los asuntos gubernamentales, y esto quizá haría que las propuestas de todas las partes fueran más sensatas, realistas y viables. La especialización de los congresistas traería, además, creatividad, profundidad y consistencia al trabajo legislativo. […] En una palabra, la reelección haría, sin lugar a dudas, más digna a la institución parlamentaria.[1]

Además, si el problema es la especialización, ¿no se resolvería simplemente con aumentar el número de años que dura cada legislatura, digamos a 4 o 5 años?

Sería válido si y sólo si bastara con 4 o 5 años para especializarse en el tema o en el proceso legislativo.

Si el problema es en realidad la especialización, dotar al congreso con un cuerpo técnico de buen nivel, o incrementar la duración de los periodos legislativos sería más que suficiente.

El problema, al final, es que el Congreso se utiliza como “feria de trabajo”. Quienes deberían estar velando por los intereses del país están más ocupados buscando agradar a sus jefes (los líderes de partido) para conseguir trabajo cuando termine su período.

2.     Acercar a los diputados a su distrito. De entrada, es contradictorio con la especialización del punto anterior. La reelección obligaría a los legisladores a ir a sus distritos a hacer “labor social”, a tratar satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

O podría obligarlos a especializarse en los temas que son relevantes para quienes lo eligieron… Ahí sí depende de cada legislador. En todo caso, como ya señalé, la profesionalización del político no sólo se refiere al expertise en un tema en particular, sino, sobre todo, a la experiencia en los “tejes y manejes” del proceso legislativo.

 En una democracia aún incipiente como la nuestra, la diversidad de funciones de los distintos actores políticos no resultan claras. Sería más fácil para un diputado reelegirse a través de acciones populistas o posturas demagogas, que por medio de su especialización y concentración en temas técnicos y de carácter nacional. Se estaría incentivando a que el legislador llevara “bienes” y realizara actividades paternalistas, dadivosas o clientelares en sus distrito, en vez de legislar en favor de políticas públicas concretas.

A diferencia, claro, de las elecciones que tenemos ahora:

¿Clientelismo sin reelección? Pfffft

Lo que sí sería diferente es que la oposición (no sé por qué, los anti-reeleccionistas suelen olvidar que existe una. ¿Será una cuestión cultural?) podría difundir entre el electorado el récord de votaciones del legislador.

Algo que me molesta sobremanera de los argumentos anti-reeleccionistas es que suelen suponer que el pueblo es estúpido. Falso. La gente sabe bien lo que quiere y lo que necesita.Sí, es verdad que los ciudadanos no viven absolutamente informados sobre los temas de política. Anthony Downs llamó a esto "ignorancia racional" porque es racional no estar informado (debido a los altos costos de informarse y el bajo beneficio de hacerlo). En México, podríamos acuñar el término de "cliente racional". Dada la poca importancia del voto para muchos ciudadanos, es absolutamente racional cambiarlo por una despensa. Ahora bien, la reelección aumenta el valor del voto para el ciudadano, lo que vuelve más difícil su "compra". Con reelección, el ciudadano sabe que de su voto depende la llegada y la permanencia en el poder de los políticos. Por lo tanto, la reelección eleva el valor (para el ciudadano) del voto. Entonces, se vuelve más difícil acarrear votantes o comprar el voto.

3.     Quitar poder a los partidos y líderes políticos. Si es esta la motivación central de la propuesta, bastaría con eliminar la representación proporcional, pues es ahí donde radica el verdadero control de los líderes partidistas.

¿Y de dónde saca Ricardo los datos para esta aseveración tan fuerte? ¿Acaso los diputados electos por mayoría no rinden también cuentas al líder de partido y, a veces, también al gobernador de su entidad? ¿Esto cambiaría sin representación proporcional?

 Sabemos que los líderes partidistas son los amos absolutos de las dos Cámaras que deberían respondernos a nosotros. ¿Lo hacen? No porque su futuro político no depende de nosotros.

Por otro lado, quienes sostienen este punto se olvidan de que la política mexicana se sustenta en un sistema de partidos, no de candidatos como en Estados Unidos. Federico Berrueto (Milenio, 6 de diciembre de 2009) reproducía con claridad esta idea:

“Los sujetos del proceso electoral son los partidos en la oferta, la publicidad, la boleta, las prerrogativas y las responsabilidades legales. Desde la reforma de Reyes Heroles, el Congreso se organiza con las fracciones parlamentarias, no con legisladores en lo individual. En todo caso, para mejores legisladores se requiere cambiar a los partidos; así se resuelve el problema por su causa no por sus efectos; la disciplina partidaria tendría efectos positivos y contendría los riesgos de cooptación o sometimiento a los llamados poderes fácticos”

Para variar, puras afirmaciones en boca de alguien con relativa autoridad moral sobre el tema, en lugar de argumentaciones sustentadas con evidencia empírica. Sí, estoy pidiendo demasiado… En fin, vayamos a la argumentación.

En la boleta electoral no sólo hay un partido: hay una persona (cuyo rostro vi por todos lados antes de la elección en carteles que pagaron con el dinero de mis impuestos). Más aún, si un partido político expulsa a un legislador de sus filas, éste sigue manteniendo su puesto (sólo que, ahora, como “independiente”). Luego, el sujeto del proceso electoral, le guste o no a don Berrueto, es el político y no el partido.

Lejos de ser un lastre para la democracia mexicana, la disciplina partidista le da certidumbre al proceso legislativo.

Dar certidumbre a algo no implica que no sea un lastre. El mejor ejemplo de esto es, siempre, los diputados de algún partido (no importa cuál) bloqueando (muy disciplinadamente, eso sí) las propuestas de reformas más benéficas para el país. Bajo un esquema de reelección, difícilmente un legislador aceptaría bloquear una ley que beneficiaría a sus constituyentes (y más, estando cerca de la próxima elección).

Además, como se explica a continuación, constituye la verdadera manera de evaluar, premiar o castigar a nuestros representantes.

4.     Rendición de cuentas y capacidad de evaluar a los representantes. Esto requeriría asumir el supuesto de que el elector debe conocer todas las votaciones del legislador, conocer el tema, y tomar postura al respecto.

No necesariamente. Los estudios realizados por John Krosnick, de la Universidad de Stanford, muestran que los votantes suelen basar su decisión electoral en un tema que consideran relevante (piensen, por ejemplo, en quienes deciden su voto con base en las posturas a favor/en contra del aborto). En todo caso, el elector no tendría que buscar esta información. Si el legislador hizo un buen trabajo, querrá publicitarlo en su distrito. Si no lo hizo, la oposición se encargará de informar al elector. ¡Imaginen cuánto disminuiría el ausentismo en la Cámara con un incentivo tan poderoso!

Además, como menciona nuevamente Fernando Escalante (CNN, 2 de febrero de 2005):“El premio o castigo de los electores, es algo que ya existe. La gente en general no conoce al individuo que fue elegido en su distrito y no revisa el sentido de su voto en los cientos de iniciativas que se presentan en cada periodo de sesiones, pero puede saber muy bien las líneas generales del programa de los distintos partidos, puede saber cómo han votado las fracciones parlamentarias las dos o tres leyes que importan. En las elecciones, cada tres años, se vota así: para aumentar o disminuir la fuerza de un partido en el Congreso, porque no sirve de nada la postura individual de un diputado. Eso quiere decir que los representantes tienen que mantener hasta cierto punto disciplina de partido, tienen que respetar los compromisos adquiridos en campaña. No está mal. De hecho, la prohibición de reelecciones consecutivas tiene ese propósito: debilitar los vínculos clientelistas del poder local y favorecer formas de integración política más amplias,

Boom! 

como las que ofrecen los partidos políticos. El panorama no ofrece muchas dudas. De reelegirse los legisladores se haría un feudo como sucede en buena parte del mundo: tendríamos partidos más débiles, insignificantes, menos movilidad de la clase política, elecciones menos competidas cada vez y, en poco tiempo, una oligarquía formada por caciques locales”. Nada que agregar al respecto.

Ya escribí más arriba sobre el clientelismo y la “ignorancia racional” (en términos Downsianos) del ciudadano. Baste decir aquí que Fernando Escalante supone que el votante se comporta igual en distintos sistemas electorales. Dado que esto no es cierto (si cambian los incentivos, cambia el comporamiento), se derrumba el argumento.

En cuanto a la movilidad de la clase política, hago notar que la clase política mexicana es notoriamente inmóvil. Me remito a los números presentados por Luis Estrada[2]: 60 diputados y 58 senadores de la actual legislatura tienen más de seis años legislando, sin contar el tiempo que llevan en su actual encargo.

Ahora, según Fernando, los riesgos de la reelección son: (1) debilitar a los partidos políticos, (2) disminuir la movilidad de la clase política y (3) crear una oligarquía de caciques locales.

En respuesta, yo diría que (1) debilitar a los partidos políticos en México, donde vivimos bajo una partidocracia que sólo nos requiere para semi-legitimarse en tiempos de elección, parece deseable. (2) La movilidad de la clase política debe estar en función del desempeño de cada político. Es decir, queremos que se vayan los políticos que hacen mal su trabajo, pero que se queden quienes lo hacen bien.

5.     Existe en la mayoría de los países. Esto, con dificultad podría concebirse como un argumento serio, pero sorpresivamente, es de los más socorridos por los defensores de la reelección. Sólo dos países en América Latina no cuentan con reelección: México, y el que posiblemente sea el país más desarrollado democráticamente en la región, Costa Rica.

Costa Rica y México son los únicos países relativamente democráticos del mundo que no tienen reelección legislativa. Para el caso de Costa Rica, los remito al artículo de Miguel Toro (en este mismo blog, por supuesto):

En Costa Rica el paso de los legisladores por las cámaras es, más que temporal, propiamente transitorio. Según lo documenta Carey, en el periodo comprendido entre 1949 y 1997,  sólo 74 de los 569 legisladores que formaron parte de cualquiera de las cámaras alcanzaron la reelección tras haber cumplido con su periodo de descanso obligatorio (Mainwaring y Shugart, 1997). Sin embargo, el mismo Carey demuestra con base en el mismo acervo documental que durante el periodo  de 1949 a 1986, 124 de 258 legisladores fueron ubicados en puestos de responsabilidad pública por decisión presidencial, lo cual demuestra que, al igual que en el caso de México, según lo explica también Emma Campos, la perspectiva profesional y propiamente política de los legisladores no queda comprometida a largo plazo con el ejercicio legislativo como un fin en sí mismo.

Claramente, no podemos tratar de replicar las experiencias sociales europeas y estadounidenses, puesto que tenemos cultura cívica, historia, economía e instituciones distintas.

Quien alegue que tal o cual política social es efectiva en Estados Unidos o Suiza, y por eso debe replicarse en México, evidentemente no conoce la realidad de nuestro país.

Un argumento totalmente falaz. Con esa misma lógica, tampoco podríamos instalar un sistema democrático o una economía de “libre mercado” (invenciones de países con contextos culturales, históricos, institucionales y económicos distintos al nuestro).

Si a lo que aspiramos es a tener democracias como la venezolana, hondureña, boliviana, ecuatoriana o peruana (países con un contexto mucho más parecido al nuestro en todo sentido), honestamente no queda claro dónde esta la ganancia. Son democracias tan débiles e imperfectas como la nuestra; probablemente más.

O podríamos aspirar, dentro del rango latinoamericano, a democracias como la colombiana, brasileña, chilena o uruguaya (diga lo que diga Ricardo, la democracia más consolidada en América Latina es Uruguay).

Por otro lado, no observamos a quienes defienden la reelección legislativa, exigiendo también la reelección del ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia?.

¡Claro que se propone la reelección de titulares municipales del Ejecutivo! Es una parte muy importante de la reforma y por supuesto que se defiende tanto como la reelección legislativa. La reelección de gobernadores e, incluso, del Presidente es deseable, pero ahí sí parece meterse demasiado con el tabú de “sufragio efectivo, no reelección”. Una batalla a la vez, muchacho.

Tampoco se ve a los académicos y analistas que demandan dicha medida (muchos de ellos de formación tecnócrata y lujambiana-valga el término – o lo que es lo mismo, estudiosos del sistema electoral norteamericano, pero sin mucha formación en el mexicano) pedir segunda vuelta, e igualmente es aplicada en muchos otros países.

Y, sin embargo, la segunda vuelta fue parte de la propuesta de reforma política presentada por el Presidente Felipe Calderón en 2009. Y muchos académicos que promueven la reelección también están a favor de la segunda vuelta (sobre todo, los del CIDE).

¿Dónde están entonces esas bondades y avances democráticos, tan evidentes para algunos?

 Ehm, ¿en la argumentación que se presentó para la aprobación de la Reforma Política? Ahí donde también se propone la reelección de alcaldes y la segunda vuelta… Me pregunto si Ricardo leyó, al menos, un resumen de las propuestas. Parece que no.

Los beneficios de la medida son todo menos obvios, y mucho menos urgentes y necesarios.

Ajá, porque para nada es urgente que los legisladores nos rindan cuentas A NOSOTROS y no a sus líderes de partido.

Curiosamente, se han quedado fuera de la argumentación puntos que no hacen tan evidente la necesidad de reelección legislativa: posibilidad de formar agendas programáticas concretas y la importantísima renovación de cuadros, cosa que se desestima en todas las supuestas ventajas enunciadas anteriormente. 

Y ¿Qué hay del riesgo de vincular a representantes populares con grupos de interés? Nuevamente Berrueto (Milenio, 6 de diciembre de 2009) nos comparte:

“El problema es la ineficacia del voto como recurso de control ciudadano. La reelección profundizaría el problema, ya que uno de sus efectos sería acentuar el tráfico de influencia para satisfacer no a los ciudadanos, sino a los factores que inciden en las campañas y los resultados; en EU, 98% de los diputados que pretenden reelegirse lo logran y no es por virtud, sino porque quienes buscan reelegirse cuentan con un desproporcionado financiamiento respecto a quienes les compiten.

Los datos son públicos y verificables. Pensar que el IFE o los partidos lo podrían evitar o contener es broma de mal gusto”.

¿En qué quedamos, Ricardo? ¿Vamos o no a comparar experiencias de países de “primer mundo”? Por cierto, la tasa de reelección del incumbent (como se llama al legislador que pretende reelegirse) no es tan alta como asegura Berrueto. Sí es verdad que es más del 50%, pero esto se debe a un sesgo de selección muy alto: sólo compiten por la reelección los representantes que consideran muy probable ser reelectos. Si ven perdida la elección, prefieren no contender. Además, influye que el financiamiento de las campañas se hace con recursos privados y que el legislador tiene fuerte presencia en los medios locales. Es prácticamente imposible que esto se replique en México.

Por otro lado, la argumentación pierde legitimidad cuando va dirigida a un grupo o partido político en particular. Se acusa al PRI y al PRD de oponerse a la reelección; y no sólo eso, se les descalifica.

Entre otras cosas, porque son el PRD y los diputados priístas quienes se han manifestado en contra de la reelección.

 En democracia, la pluralidad es un elemento esencial. La incapacidad del círculo rojo impulsor de esa propuesta, de aceptar opiniones distintas a la suya, dificulta la posibilidad de llevar a cabo un análisis serio. Parafraseando a Juan Valencia (Milenio, 5 de diciembre de 2009):“La reforma propuesta es una pose para complacer al estrecho círculo de opinión avenido a recetas fáciles y fórmulas mágicas para resolver los problemas del país. La grilla y el juego de espejos están en la reelección, en la llamada reforma política”.

Por último, y tal vez más importante, es obligado señalar el gravísimo absurdo legal en el que caen los reeleccionistas.

Quizá la formación comparativista que han recibido la mayoría de estos analistas les ha impedido conocer otras importantes áreas de la política mexicana; el derecho constitucional entre ellas. El artículo 51 constitucional establece claramente que los diputados son REPRESENTANTES DE LA NACIÓN; es decir, su obligación es velar por el interés general de la República, no de determinada región geográfica. La modalidad distrital tiene fines meramente electorales y demográficos, no de representación. Una confusión muy común y expandida, dado que en Estados Unidos, los congresistas si son representantes distritales.

Es falaz y doloso tratar de dispersar la errónea idea de que el legislador está obligado a volver a su distrito y responder a las exigencias concretas de ese sector de la población. Un diputado electo en el distrito 4 de Colima no sólo es diputado de esa región en particular, sino de todos los mexicanos.

Y tal aberración democrática es, justamente, lo que cambiará con la Reforma Política. ¿O parece justo que alguien electo por el distrito V de Guanajuato no le rinda cuentas a ese distrito porque es “representante de la nación”?

¿O acaso Ricardo sugiere que la Reforma Política no podría modificar el Artículo 51 de la Constitución? ¿Ahora resulta que las reformas constitucionales deben mantener intacta la Constitución? ¿No es ése, justamente, un absurdo legal y lógico?

Y no es que sea negativo el hecho de que legislador se vincule con el distrito que lo eligió, claro que es deseable que demuestre los resultados de su gestión, conozca las exigencias de la gente, y pueda llevar beneficios concretos a sus vecinos. Como ya se expuso anteriormente, de aprobarse la reelección, los incentivos estarían en sentido de que ésta fuera la única preocupación del legislador, lo que claramente no es su función central.

Lo primero que noto es que este argumento sólo se refiere a la reelección de diputados federales. Así pues, incluso si tuviera razón en este punto, sigue abierta la puerta para la reelección de senadores, legisladores locales y presidentes municipales.

En fin, pasaré, ahora, a mostrar el problema con la idea de “los legisladores son representantes de la nación”:

Según Ricardo, entonces, el legislador electo por mayoría no le rinde cuentas a su distrito sino a toda “la nación”. Supongamos que es así. Salta, entonces, la pregunta ¿por qué lo elige sólo el distrito 4 de Colima y no toda “la nación”? Según esa lógica, no hay diferencia entre un legislador de mayoría y uno de representación proporcional: ambos rinden cuentas a “la nación” y no a quienes los eligieron.

Incluso si Ricardo tuviera razón, no está presentando un argumento contra la reelección, sino contra el mecanismo de elección por distritos. Es decir, podríamos tener un sistema electoral en el que los legisladores fueran electos y reelectos por un medio distinto al distrital.

Es común escuchar entre algunos “eruditos” politólogos, privilegiados con una formación de calidad, expresiones del tipo “ese diputado que ni siquiera finalizó la primaria” o “pobre diputado iletrado de la democracia, ¿qué va a saber de impuestos?”. Su brabuconería es tan amplia como su ignorancia. 

Creo que Ricardo quiso decir bravuconería, pero, bueno, dejaremos los horrores ortográficos para otra ocasión.

Se olvidan de que la Cámara de Diputados no es un órgano especializado ni técnico, donde estén expertos egresados de las mejores universidades del mundo, sino un órgano de representación popular, donde debe apreciarse la pluralidad y realidad de nuestro país, y donde cada sector social, laboral, étnico y económico esté legítimamente representado.

Y nosotros no proponemos ni afirmamos lo contrario. No decimos “¡Que se elijan y reelijan a los mejores egresados del ITAM!”, sino “¡Que se premie a quien trabajó bien y se castigue a quien trabajó mal!”. Suponer que quien trabaja bien será necesariamente egresado de una buena universidad (o habrá terminado la primaria) es, francamente, elitista y por demás falso.

Dicen que se miente y se abusa de la confusión de la población, pues se pretende asustarlos haciendo creer que la reelección es equivalente a dictaduras; pero son ellos son los que engañan al tratar de vender la falsa idea de que es función de los diputados regresar a sus distritos a ganarse el voto de ese fragmento particular de la población.

Un Presidente o un Senado con iniciativa no es quien propone, sino quien hace, quien despliega sus recursos, talento, energía e inteligencia para lograr su propósito.

Y bajo el esquema de reelección, serían justo los legisladores con iniciativa quienes lograrían reelegirse.

Para concluir, quizá la reelección no sea mala per sé, simplemente el análisis simplista y poco apegado a la realidad, así como los juicios y descalificaciones que emiten quienes defienden con mayor estridencia la reelección, distorsiona seriamente los alcances, virtudes y deficiencias de la propuesta. ¿Se aprobará la reelección en México? No es posible adivinarlo. ¿Será esto deseable? Tampoco se sabe, lo que queda claro es que sus bondades no son evidentes, y que existe un riesgo real de que sus costos, superen a sus beneficios.

Me parece que el mejor argumento que Ricardo pudo plantear fue que con reelección pasarían algunas cosas que ya están pasando (inmovilización de la clase política, injerencia de “grupos de interés”, clientelismo). No lo negamos. El peor escenario para la reelección legislativa es... seguir como estamos. No suena mal, ¿o sí?

La reelección tiene la gran ventaja de darnos más poder a los ciudadanos para evitarlas: seríamos parte de los grupos de interés y no sólo un mecanismo de legitimación de un sistema a todas luces corrupto y opaco; seríamos quienes deciden qué parte de la clase política podría perpetuarse en su cargo y cuál deberá buscar otra carrera.

NOTAS

[1] El texto se encuentra completo en http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras32/textos4/sec_1.html

[2] El video completo lo pueden encontrar en http://www.youtube.com/watch?v=XM66sJ0g6vU